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Revancha |
La denominada memoria histórica
es un oportunismo propiciado por la conjunción de un socialismo
radical que ya ha abjurado de la transición democrática y unos
nacionalismos que nunca participaron sinceramente en ella. Forma
parte de un listado de acciones, comportamientos y actitudes que
tienen una misma finalidad: la deslegitimación, lenta pero
progresiva, de la obra político-constitucional de 1978 y que se
coordinan, además, con otras iniciativas de carácter político
-los nuevos estatutos de autonomía y el inquietante sesgo de la
negociación con la banda terrorista ETA- con el objetivo último
de provocar a corto o medio plazo un nuevo modelo de Estado que
establezca distintos equilibrios a los alcanzados en la vigente
Constitución. Se trataría, así, de un ejercicio de
revancha, es decir, de desquite, concepto que implica
reintegrarse de una pérdida.
La manera en la que se ha recordado,
por la izquierda y los nacionalismos, el alzamiento militar del
18 de julio de 1936 contra la II República, al cumplirse
este mes los setenta años de aquel acontecimiento, revela que
algunos de esos sectores ideológicos -los que no son liberales-
reclaman un ajuste de cuentas que la inmensa mayoría creímos
nadie exigiría -ni los unos ni los otros- después del proceso de
transición.
La consideración del levantamiento
en 1936 de buena parte del Ejército -inundado de republicanos
decepcionados- como un mero y simple golpe de Estado constituye
una simplificación en términos históricos. Más allá de juicios
de valor, es pacífica la opinión de que la II República fracasó,
no tanto por un enfrentamiento entre izquierdas y derechas -o no
sólo por eso-, sino también por lo que ha escrito con gran
precisión Felipe Fernández-Armesto (ABC de las artes y
las letras del sábado 15 de julio), según el cual «el único
contexto» para descifrar la Guerra Civil «son las
querellas tradicionales en España».
Dice Fernández-Armesto que «los
bandos no tuvieron posturas ideológicamente coherentes», lo cual
es tan cierto como lo demostraría el cruce de republicanos en el
bando franquista y de gentes conservadoras en el republicano.
Dice el autor citado que «muchos liberales optaron por el
bando nacional porque en España la tradición liberal
predominante siempre ha sido centralista». Es tan cierto lo
que sostiene Fernández-Armesto que sin el concurso de eminentes
liberales-conservadores la República no hubiese sido viable.
Ortega, Pérez de Ayala y Marañón serían un
ejemplo acabado de ello; y otros muchos que durante el corto
régimen republicano desempeñaron, como el propio Niceto
Alcalá Zamora, las más altas responsabilidades.
Una guerra civil siempre la pierde
la sociedad que se escinde y se enfrenta, y la padece la Nación
porque quiebra el proyecto común que su existencia comporta.
Desquitarse de la victoria franquista mediante hechos simbólicos
pero de gran hondura emocional para sectores de la sociedad
española -desenterramientos, retirada de placas y estatuas,
rehabilitaciones formales, revisión de condenas- no es más que
una herramienta de trabajo para desmontar un sistema que en 1978
intentó -y logró sin duda- una forma de empate histórico, en la
que los vencedores extinguen su régimen y abren las puertas a
otro, todos ellos arbitrados por la Corona en la persona
del Rey. Esta fue una buena y eficaz manera de no
provocar desgarramientos diferidos del conflicto bélico y un
inteligente procedimiento para conservar la unidad territorial
después de que fuese la tensión segregacionista una de las
variables que sentenciaron la viabilidad de la República.
La solidez de esta fórmula de
conciliación -precedida por una amnistía y el regreso triunfal
de la oposición al franquismo desde distintos lugares del
exilio- ha pasado ya a los manuales de la historia
contemporánea; y la Constitución resultante, a los del derecho
político continental. Sin embargo, en la espiral de una lógica
política ininteligible, que se ha instalado en España desde que
Rodríguez Zapatero accediese al poder tras las elecciones
de 2004, la transición es un elemento tan relativo de nuestro
pasado reciente como el esquema de valores cívicos que este
Gobierno ha zarandeado, o tan frágil como el bloque de
constitucionalidad que ha quedado destrozado con la aprobación
del nuevo estatuto catalán y de proyectos que están en la cola
para reivindicar su parte en la depredación de conceptos
jurídico-constitucionales y políticos que el nuevo poder
desprecia en sus contenidos más profundos.
Ni siquiera los errores que se
cometieron en la transición y, después, en las dos décadas de su
desarrollo justifican el revanchismo que, bajo el camuflaje
semántico del buenismo de esta nueva izquierda radical,
pretende colgar del perchero de la memoria colectiva lo que es
su síndrome obsesivo de pérdida histórica. Por alguna razón -en
todo caso anacrónica- la izquierda en España ha sido desafecta
con la unidad nacional y se ha mostrado incómoda con la
idiosincrasia de la sociedad española. El esfuerzo por
transformar la urdimbre de valores sociales -que se han
contemplado siempre como conservadores por su vinculación con
una historiografía épica y una confesionalidad constante- ha
sido parejo con el propósito de hacer otra España suponiendo que
el carácter único de la nación española implicaba -y sigue
haciéndolo- una forma secular de frenar su modernización. Los
nacionalismos, tanto vasco como catalán, y en menor medida
también el gallego, concurren a este designio rupturista con
auténtico entusiasmo, de tal manera que el hallazgo de la
memoria histórica se ha convertido en el gran elemento
intelectual para la revancha.
La pelea política actual -y ya se
sabe que la historia es circular- vuelve a situarse en torno a
un concepto y su aplicación: la Nación. Es la clave de bóveda,
no sólo de todo el edificio constitucional, sino también de un
determinado entendimiento de los valores sociales en España. La
Guerra Civil y el alzamiento que la precedió fueron un
enfrentamiento en torno a la Nación,
y su alcance político y moral y el fracaso de la República
-significado en la revolución de 1934 con aquel irresponsable y
suicida cortejo de separatismos- tuvieron en el distinto
entendimiento de España y de su Estado una de sus
circunstancias más fratricidas.
Es precisamente esta percepción de
España -nación única, pero integrada por regiones y
nacionalidades- la que sustenta la reconciliación de 1978 en la
Constitución y en el posterior desarrollo estatutario de las
autonomías. ¿Por qué romper el equilibrio emocional, jurídico y
político de la transición? No hay otro motivo que el
revanchismo, posible ahora en una coyuntura de aislamiento de la
derecha democrática española -a la que se quiere estigmatizar
con un supuesto carácter franquista y montaraz-, que se une a la
máxima agresividad de los nacionalismos, al vaciamiento
ideológico de la izquierda, al decaimiento intelectual general y
a la pérdida de fibra -y aun de percepción de riesgos sobre su
futuro- por parte de la sociedad española, que vive entre la
molicie de un tiempo de abundancias y la sordera a cualquier
exigencia.
Si a la sísmica constitucional que
ha provocado este Gobierno se une la sentimental que
conlleva el revanchismo de esa sedicente memoria histórica, los
tiempos venideros no serán aleccionadores porque nos condenan
-parece- a comenzar de nuevo ese camino que creímos ya
recorrido: el camino del entendimiento. Ellos -la izquierda
radical y los nacionalismos- lo han querido y quizá no quede más
remedio que aceptar el reto.
Porque memoria tenemos todos.
José Antonio Zarzalejos
José Antonio Zarzalejos, es escritor
y periodista, director del diario "ABC" perteneciente al grupo
editorial Vocento. Artículo publicado en
www.abc.es
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